De Estados Unidos en el hemisferio occidental
El primer cuarto del siglo XXI ha estado marcado por un aumento de los conflictos, la inestabilidad y las tensiones globales, impulsado por las guerras, la pandemia de COVID-19 y la creciente rivalidad entre las grandes potencias. Sin embargo, hasta hace relativamente poco, el panorama parecía muy distinto.
En efecto, tras el fin de la Guerra Fría, se consolidó la visión de un mundo cada vez más interconectado y cooperativo bajo la hegemonía de Estados Unidos, en el marco de la denominada «Pax Americana». Entonces cobró fuerza la idea del «fin de la historia», formulada por Francis Fukuyama, según la cual la democracia liberal y la economía de mercado se impondrían progresivamente como modelos universales. La globalización se presentó como un proceso inevitable y beneficioso, especialmente atractivo para una generación que crecía conectada mediante teléfonos celulares, internet y otros avances tecnológicos. Surgió así la figura del «ciudadano del mundo», cuya identidad se definía cada vez menos por la pertenencia a una nación y cada vez más por su integración en una comunidad global.
Paralelamente, el concepto de «seguridad» se amplió para incorporar cuestiones como la salud pública, la sostenibilidad ambiental y la ciberseguridad, relegando a un segundo plano las preocupaciones militares tradicionales. En gran parte del mundo occidental se extendió la convicción de que los conflictos interestatales pertenecían al pasado y que la creciente interdependencia económica hacía cada vez menos probable recurrir a la guerra. Como consecuencia, numerosos países —especialmente en Europa occidental— concentraron sus esfuerzos en el crecimiento económico, la expansión del Estado de bienestar y la profundización de los intercambios comerciales, mientras reducían progresivamente sus capacidades militares hasta niveles mínimos.
No obstante, aquella expectativa de una era de paz duradera terminó estrellándose contra una realidad mucho más compleja. La guerra de Ucrania, a las puertas de Europa, puso de manifiesto el retorno de la guerra convencional a gran escala entre Estados. A ello se sumó la actual política exterior de la administración del presidente Donald Trump en Estados Unidos, cuya visión de las relaciones internacionales cuestiona los pilares del orden liberal construido tras la Segunda Guerra Mundial. En conjunto, estos dos acontecimientos han contribuido a acelerar la transición hacia un escenario internacional caracterizado por una mayor competencia geopolítica, el debilitamiento de las instituciones multilaterales y el resurgimiento de la lógica del poder entre los Estados.
De esta manera, los conflictos persistentes en Ucrania, en el Medio Oriente y en Asia meridional, junto con la intensificación de la competencia por recursos estratégicos, como las tierras raras, ejercen una presión creciente sobre el sistema internacional. A medida que instituciones multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o la Organización Mundial del Comercio (OMC) pierden capacidad de influencia, y las grandes potencias tienden a imponer sus propias reglas, países como Estados Unidos, China y Rusia amplían su proyección geopolítica, mientras que otros, como la India, buscan equilibrar relaciones e intereses contrapuestos. En conjunto, esta evolución está erosionando los fundamentos normativos del orden internacional liberal, ya que los principios de cooperación, equidad y responsabilidad colectiva se subordinan cada vez más a cálculos de interés estratégico, debilitando las normas destinadas a proteger, entre otros, los «bienes comunes globales».
Los «bienes comunes globales»
En el ámbito del derecho internacional, y siguiendo la definición propuesta por el profesor Nico Schrijver, de la Universidad de Leiden, «el término “bienes comunes globales” se refiere a las zonas y los recursos naturales que no están sujetos a la jurisdicción nacional de un Estado concreto, sino que son compartidos por otros Estados, o incluso por la comunidad internacional en su conjunto» (Schrijver, 2016). Entre los ejemplos más representativos de estos bienes se encuentran la alta mar, la atmósfera y el espacio ultraterrestre, incluidos la Luna y otros cuerpos celestes.
En términos más sencillos, un «bien común global» puede definirse como un espacio o recurso internacional que no pertenece a ningún Estado en particular, sino que es compartido por la comunidad internacional en su conjunto. Desde esta perspectiva, tales espacios y recursos se rigen por principios de apertura, accesibilidad y uso común, más que por reclamaciones de soberanía nacional o por el control exclusivo de un país determinado. En consecuencia, sobre ellos se proyectan diversos principios jurídicos fundamentales, entre los que destacan la «Libertad de Acceso y Uso»[1], el «Patrimonio Común de la Humanidad»[2] y la «Preocupación Común de la Humanidad»[3].
En la actualidad, la noción de «bien común global» goza de un amplio reconocimiento internacional, no solo en el ámbito jurídico, sino también en los debates políticos y estratégicos. Así, por ejemplo, en un artículo de opinión reciente, Victor Manhit, presidente del Stratbase Institute for Strategic and International Studies de Manila, sostuvo que «Filipinas y el resto del mundo deben defender que el mar de China Meridional es un bien común global y que, por lo tanto, debe ser una zona de paz, estabilidad y prosperidad compartida» (BusinessWorld, 2025).
En el caso del mar de China Meridional, la expresión «bien común global» es utilizada con frecuencia por Filipinas, Estados Unidos, Japón, Australia, la Unión Europea y otros actores internacionales que rechazan las reivindicaciones de soberanía formuladas por China sobre amplias extensiones de estas aguas. Mediante este concepto, se pone de relieve que las rutas marítimas que atraviesan la región —por las que circulan anualmente mercancías valoradas en billones de dólares— poseen una importancia estratégica para la economía mundial. En consecuencia, su preservación y libre utilización constituyen un interés de la comunidad internacional en su conjunto y no exclusivamente de China ni de los demás Estados ribereños del mar de China Meridional.
“Bienes comunes globales» (Global Commons) en la regulación interna de Defensa de Estados Unidos
El «Programa de los Bienes Comunes Globales» —o, en términos más generales, la estrategia de Estados Unidos en el marco del concepto de la «Protección de los Bienes Comunes Globales»— se refiere a las iniciativas del Departamento de Defensa de Estados Unidos destinadas a mantener la libertad de acceso, uso y maniobra en los ámbitos internacionales compartidos.
Para Washington, los «bienes comunes globales» constituyen un concepto fundamental de su estrategia militar y se refieren a espacios y ámbitos que quedan fuera de la jurisdicción soberana exclusiva de cualquier Estado. Esta concepción coincide en gran medida con la desarrollada por el derecho internacional e incluye la alta mar, la atmósfera, el espacio ultraterrestre y el ciberespacio. En efecto, el Departamento de Defensa de Estados Unidos incluye explícitamente el ciberespacio entre los «bienes comunes globales» en sus documentos estratégicos y operativos oficiales. La fuente original es el «Concepto Conjunto de Acceso Operacional» (Joint Operational Access Concept, JOAC) del 17 de enero de 2012. La palabra «Ciberespacio» se menciona y se reafirma en publicaciones posteriores del Departamento de Defensa, incluidas las discusiones relativas al «Concepto Conjunto para el Acceso y la Maniobra en los Bienes Comunes Globales» (Joint Concept for Access and Maneuver in the Global Commons, JAM-GC) del 19 de octubre de 2016. Cabe mencionar también el «Programa 333», promulgado igualmente en 2016, un mecanismo mediante el cual Washington busca fortalecer las capacidades de sus países socios a través de la formación, el suministro de equipamiento y la provisión de apoyo tecnológico, con el objetivo de fomentar la cooperación en materia de seguridad marítima y en otros ámbitos estratégicos.
Desde la óptica estratégica estadounidense, los «bienes comunes globales» desempeñan un papel crucial al constituir el «tejido conectivo» del sistema internacional. Estos espacios sustentan el comercio mundial, las comunicaciones, la movilidad militar, los flujos de información y gran parte de la actividad económica. Por ello, Estados Unidos considera que garantizar un acceso libre y seguro a dichos ámbitos es un interés vital para su seguridad nacional, su prosperidad económica y su capacidad de proyección global.
La concepción estadounidense de los «bienes comunes globales» los entiende como recursos compartidos, esenciales para la estabilidad y la prosperidad internacionales. Desde esta perspectiva, Estados Unidos se presenta ante el país de acogida y ante la comunidad internacional en su conjunto como el principal defensor y garante de su carácter abierto, sosteniendo que la preservación de un acceso libre y sin restricciones favorece tanto el funcionamiento de la economía mundial como la seguridad colectiva. En consecuencia, Washington considera que las amenazas a estos espacios —en particular las planteadas por potencias emergentes como China— pueden poner en riesgo el orden internacional vigente y, por lo tanto, actúa en función de sus intereses.
En la práctica, esta visión se traduce en una amplia gama de medidas, entre ellas la cooperación militar, el intercambio de tecnología, la realización de ejercicios conjuntos, el fortalecimiento de las capacidades de vigilancia y el desarrollo de programas de asistencia y capacitación destinados a que los Estados socios puedan supervisar, patrullar y proteger de manera coordinada estos ámbitos compartidos.
Argentina y los «bienes comunes globales» estadounidenses
En mayo de 2026, Estados Unidos y Argentina acordaron el «Programa de Protección de los Bienes Comunes Globales» —un convenio bilateral de cooperación militar y de seguridad puesto en marcha entre ambos países (El País, 2026).
Concretamente, el convenio tiene un plazo de cinco años centrado en la seguridad marítima del Atlántico Sur, en particular en la zona marítima de Argentina —que ellos denominan «Mar Argentino»—. El acuerdo fue suscrito mediante una Carta de Intención entre la Armada Argentina y el Comando de las Fuerzas Navales del Sur de los Estados Unidos (U.S. Naval Forces Southern Command) / Cuarta Flota de los Estados Unidos (U.S. 4th Fleet) y se enmarca en el «Programa 333».
[1] La «Libertad de Acceso y Uso» implica que ningún Estado puede reivindicar soberanía sobre estas zonas. En consecuencia, todos los Estados gozan de determinadas libertades, entre las que destacan la navegación, el sobrevuelo, la pesca —sujeta a las limitaciones establecidas por el derecho internacional— y la investigación científica.
[2] La consideración de un «Bien Común Global» como «Patrimonio Común de la Humanidad», especialmente en relación con los fondos marinos profundos y los recursos lunares, comporta la prohibición de toda apropiación estatal, la administración internacional de dichos espacios y recursos, la distribución equitativa de los beneficios obtenidos, su uso con fines pacíficos y su conservación en beneficio de las generaciones futuras.
[3] El principio de la «Preocupación Común de la Humanidad» se invoca por algunos Estados y por las organizaciones internacionales en relación con cuestiones de alcance global, como el cambio climático y la biodiversidad. Su fundamento radica en el reconocimiento de una responsabilidad colectiva y en la promoción de la cooperación internacional para la protección de intereses que afectan a la humanidad en su conjunto.
Figura N°1 “El contraalmirante Carlos Sardiello (de la Cuarta Flota de los Estados Unidos) y el Almirante Juan Carlos Romay (Jefe del Estado Mayor General de la Armada Argentina) firmaron recientemente una Carta de Intención” Nota:Infobae (2026).
Los principales objetivos del acuerdo son fortalecer las capacidades de vigilancia, control y patrullaje marítimo frente a amenazas como la pesca ilegal —incluida la actividad de las flotas pesqueras chinas que operan con frecuencia en la zona—, el narcotráfico y otras actividades ilícitas en el ámbito marítimo. Para ello, Washington se comprometió a brindar a Buenos Aires asistencia tecnológica, capacitación, equipamiento y apoyo operativo para reforzar las capacidades de la Armada Argentina. Entre las primeras medidas previstas figura la entrega de sistemas de cámaras especializadas para los aviones de patrullaje y vigilancia marítima argentinos, con la perspectiva de ampliar posteriormente la cooperación mediante la incorporación de equipamiento avanzado, drones y operaciones conjuntas.
Como era de esperarse, se ha generado una gran polémica en Argentina. El término «bienes comunes globales» ha suscitado fuertes críticas entre los grupos de la oposición al presidente Milei. Estos argumentan que este acuerdo con Estados Unidos implica que el «Mar Argentino» es un recurso internacional compartido, en lugar de un territorio soberano argentino. Además, manifiestan que existe el riesgo de ceder, finalmente, la soberanía sobre ese mar soberano o de permitir una presencia militar estadounidense excesiva en aguas nacionales. Por otra parte, afirman que subordina los intereses nacionales argentinos a la estrategia y a los intereses de una potencia extranjera (Buenos Aires Herald, 2026). El Gobierno del presidente Milei, por su parte, descarta que el acuerdo suponga algún problema para su país y destaca que el programa refuerza la soberanía de la propia Argentina gracias a una tecnología y a capacidades superiores, sin comprometer el control (El País, 2026).
Análisis geopolítico y estratégico
El concepto de «bienes comunes globales» ha dejado de ser una noción exclusivamente jurídica para convertirse en una herramienta de competencia geopolítica. En un contexto marcado por la rivalidad entre grandes potencias y el debilitamiento del orden internacional, Estados Unidos utiliza este concepto para justificar y organizar su presencia en espacios estratégicos como la alta mar, el espacio ultraterrestre y el ciberespacio.
Desde la perspectiva estadounidense, garantizar el acceso libre y seguro a estos espacios es fundamental para la estabilidad internacional y la preservación de un «orden basado en reglas». Sin embargo, potencias como China cuestionan esta visión cuando consideran que afecta sus intereses de soberanía y de seguridad nacional, como ocurre en el mar de China Meridional.
El acuerdo firmado entre Estados Unidos y Argentina en mayo de 2026 debe interpretarse en este contexto. Aunque oficialmente busca fortalecer la vigilancia marítima y combatir actividades ilícitas, también puede entenderse como parte de la estrategia estadounidense para aumentar su influencia en el Atlántico Sur y contrarrestar la creciente presencia china en la región.
En consecuencia, la principal cuestión estratégica no radica en la definición jurídica de los «bienes comunes globales», sino en quién tiene la capacidad de protegerlos, administrarlos y establecer las reglas de acceso y uso en un escenario internacional cada vez más competitivo.
Conclusión
El concepto de «bienes comunes globales» ha cobrado una creciente relevancia en el escenario internacional contemporáneo, tanto en el ámbito jurídico como en el geopolítica mundial. Aunque originalmente se vinculó a espacios y recursos situados fuera de la jurisdicción exclusiva de los Estados, su utilización actual trasciende el debate legal y se inserta cada vez más en las dinámicas de competencia geopolítica entre las grandes potencias.
Estados Unidos ha incorporado esta noción a su pensamiento estratégico y a su planificación militar con el propósito de garantizar la libertad de acceso y uso de los espacios que considera esenciales para el funcionamiento de la economía global, las comunicaciones, la movilidad militar y la seguridad internacional. En este contexto, la protección de los «bienes comunes globales» se ha convertido en uno de los fundamentos conceptuales que sustentan su presencia y cooperación en distintas regiones del mundo.
El caso del mar de China Meridional demuestra cómo este concepto puede utilizarse para cuestionar reclamaciones de soberanía consideradas incompatibles con la libertad de navegación y otros principios del derecho internacional. Del mismo modo, el acuerdo suscrito entre Estados Unidos y Argentina en 2026 evidencia que la noción de «bienes comunes globales» comienza a proyectarse también sobre espacios de creciente relevancia geopolítica en el mundo, como el Atlántico Sur.
En consecuencia, es probable que el concepto continúe adquiriendo importancia en los próximos años, especialmente en ámbitos como la seguridad marítima, el ciberespacio, el espacio ultraterrestre y la gobernanza de los recursos estratégicos. Más allá de su dimensión jurídica, los «bienes comunes globales» constituyen hoy un elemento central de la competencia por la influencia, el acceso y el establecimiento de reglas en un sistema internacional cada vez más marcado por la rivalidad entre las grandes potencias.