En los últimos meses, Colombia ha experimentado una escalada significativa de violencia atribuida principalmente a disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), como el Estado Mayor Central (EMC) liderado por alias «Iván Mordisco» y facciones escindidas, como la comandada por alias «Calarcá» y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Estos grupos han intensificado sus ataques contra la Fuerza Pública y civiles bajo la política de «Paz Total» del presidente colombiano Gustavo Petro. En tal contexto, recientemente se han registrado varios atentados terroristas (Defensoría del Pueblo, Colombia, 2025), lo que será abordado a continuación.
Los principales atentados reportados en los últimos meses
El 10 de junio de 2025, en el Valle del Cauca y el Cauca (incluyendo Cali), hubo una ola de 24 ataques coordinados, con explosiones en estaciones policiales, cilindros bomba y francotiradores. El resultado fueron ocho muertos (entre civiles y uniformados) y 28 heridos, realizado por el EMC procedente de las FARC (El País, 2025). El 9 de julio, en Valdivia, Antioquia, se puso un «Burro Bomba[1]», que fue detonado contra tropas del Ejército durante una operación antinarcóticos, siendo ejecutado igualmente por las disidencias de las FARC, dejando a un militar muerto y dos heridos (Diario del Cauca, 2025). A principios de julio, se ejecutaron múltiples atentados explosivos en el Cauca y el Valle del Cauca en contra de infraestructura policial y civil, incluyendo la destrucción de vehículos y el uso de minas antipersonales. El resultado de esto fueron cinco muertos, varios heridos y desplazados (360 personas en Urrao), acción que fuese perpetrada por los Frentes 5, 34 y 36 de las FARC (Defensoría del Pueblo, Colombia, 2025).
[1] Literalmente considera un artefacto explosivo atado a un burro.
Posteriormente, el 21 de agosto, en Amalfi, Antioquia, un helicóptero Black Hawk de la Policía Nacional fue derribado con un dron suicida durante una misión de erradicación de cultivos ilícitos, quedando en evidencia el uso de este tipo de tecnologías por parte de fuerzas irregulares. La consecuencia del ataque fue de 13 policías muertos y cuatro heridos, lo cual fue adjudicado al Frente 36 del EMC de las disidencias de las FARC, dirigido por alias «Calarcá» (BBC, 2025). Ese mismo día, en Cali, Valle del Cauca, se produjo una doble explosión con un camión bomba en las cercanías de una base aérea (El País, 2025). Aunque el conductor del camión huyó antes de la detonación, testigos presentes en el lugar capturaron a dos sospechosos. En este caso, la secuela fue de siete civiles muertos, incluyendo a un niño y un taxista, dejando además entre 71 y 78 heridos, muchos de ellos en estado crítico, con destrucción de viviendas y comercios. Este atentado lo realizó la Columna Jaime Martínez del EMC, de las disidencias de las FARC (Senado de la República de Colombia, 2025). Aún durante el fatídico 21 de agosto, se produjeron otros 12 atentados simultáneos, perpetrados en el Cauca, con explosivos y emboscadas contra la Fuerza Pública y población civil. El resultado de esas acciones fue de ocho muertos, y estuvo a cargo de disidencias de las FARC, el ELN y otros paramilitares (con fuente de la información en el enlace de la BCC más arriba).
Hacia fines de agosto, se realizaron otros varios atentados en el Cauca (Argelia, El Plateado) y Nariño (Tumaco), con intenso empleo de drones y morteros en contra de patrullas militares y navales, incluyendo un bombardeo a un buque patrullero. El desenlace fue de diez soldados, ocho guerrilleros y siete marinos muertos. Dichos atentados fueron cometidos por el EMC y el ELN (Horizon Intelligence, Hozint, 2025). Adicionalmente, y al finalizar la redacción de este artículo, se informaba que fueron secuestrados 72 militares colombianos en territorio controlado por disidencias de las FARC en el Cauca (Infobae, 2025), lo cual cierra una seguidilla de atentados y una verdadera reactivación de grupos guerrilleros en contra de la estructura estatal de Colombia y de su ciudadanía.
Contexto y respuesta gubernamental
En el primer semestre de 2025, los ataques terroristas aumentaron un 131% respecto del año 2024 (Ministerio de Defensa, Colombia, 2025). El uso de drones (al menos 118 incidentes en 2025) representa un cambio táctico, posiblemente influenciado por mercenarios colombianos en conflictos externos (El País, 2025), como es el caso de la guerra en Ucrania. Estos grupos financian sus operaciones a través del narcotráfico[2], extorsión y minería ilegal (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, 2024).
Reacciones ante los hechos descritos
El presidente Petro describió el 21 de agosto como «un día de muerte» y culpó a una denominada «Junta del Narcotráfico». Anunció la ejecución de la operación «Sultana» como respuesta a los ataques y denominó como terroristas al EMC, a la Segunda Marquetalia y al Clan del Golfo (Presidencia de Colombia, 2025). Las recompensas por información que ayude a capturar a los líderes de estos grupos superan los 800 millones de pesos colombianos[3] (Infobae, 2024). Senadores opositores, como María Fernanda Cabal, criticaron el plan «Paz Total» por ser, supuestamente, responsable del fortalecimiento de estos grupos (El Colombiano, 2025). Sin embargo, parece que el problema tiene implicaciones más profundas. Según Elizabeth Dickinson, para entender el asunto hay que analizar el caso de la región de Guaviare, antiguo bastión de las FARC que disfrutó de una breve paz tras la desmovilización de dicho grupo guerrillero en 2016. Sin embargo, en la actualidad, la paz se ha desmoronado y Guaviare se enfrenta a amenazas provenientes de minas terrestres, tarjetas de identificación obligatorias expedidas por grupos armados y amenazas directas en contra de los residentes que se resisten a las organizaciones mencionadas. Los nuevos grupos armados han llenado el vacío de poder dejado por las FARC y han alimentado delitos violentos como la extorsión, el secuestro y el reclutamiento de niños. Según Dickinson nuevos grupos criminales han aprovechado la ausencia de las FARC para tomar el control de zonas con mínima presencia del Estado. Estos grupos prestan servicios (por ejemplo, misiones médicas y construcción de carreteras) y se mezclan con las comunidades, lo que hace que las soluciones militares por sí solas sean ineficaces (The New York Times, 2025).
[2] Colombia poseía 253.000 hectáreas de cultivos de coca en 2023, lo cual constituye un récord histórico.
[3] $196.317.360 chilenos.
Figura N°1 Presidente Petro pide declarar organizaciones terroristas a Junta del Narcotráfico y a grupos de ‘Iván Mordisco’, Segunda Marquetalia y Clan del Golfo Nota: Presidencia de Colombia (2025).
Relaciones entre Estados Unidos y Colombia en los últimos dos meses
Estas relaciones se han caracterizado por la combinación de una trayectoria de cooperación en materias de seguridad y comercio, ensombrecida por las tensiones surgidas desde las divergencias ideológicas entre los presidentes Trump y Petro. Así, por ejemplo, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, exigió justicia por la muerte del senador Miguel Uribe Turbay, el 11 de agosto, tras permanecer ingresado en el hospital durante dos meses a causa del atentado que sufrió el 7 de junio durante un acto de campaña en Bogotá, en el que recibió varios disparos, dos de ellos en la cabeza (Senado de la República de Colombia, 2025). En aquella misma línea, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, asistió a la Misa de Exequias del senador Uribe (U.S. Department of State, 2025). Pero, aunque Colombia ha sido uno de los aliados más cercanos de Washington en América Latina, el vínculo ha sido objeto de escrutinio en medio de la estrategia de «Paz Total» de Petro. En tal contexto, la certificación antinarcóticos de EE.UU. a Colombia se avecina, conllevando el riesgo de perderla y de que se recorte la ayuda que Washington entrega a Bogotá (Atlantic Council, 2025).
Evaluación general
Según Roxanna Vigil, Investigadora del Council on Foreign Relations (CFR), sin la colaboración de EE.UU. y sin medidas decisivas contra la violencia, Colombia podría convertirse en un Estado fallido, lo que pondría en peligro la estabilidad de la región andina debido a la delincuencia transfronteriza y la migración. Esto se sumaría al aumento del narcotráfico latinoamericano y mundial que ha provocado un incremento de los desplazamientos migratorios y graves daños medioambientales causados por las economías ilícitas, entre otros muchos problemas. Según lo analizado por la investigadora, EE.UU. debería ofrecer ayuda en materias de seguridad adaptada a las necesidades de Colombia, mejorar el intercambio de información de inteligencia y sancionar a los líderes de los grupos narcotraficantes y terroristas. Además, según ella, EE.UU. debe apoyar las reformas de Petro, pero exigir ceses de fuego verificables e invertir en el desarrollo rural para reducir la dependencia de la coca. Asimismo, para Vigil, el problema debería abordarse desde un enfoque multilateral a través de la ONU/OEA con el fin de supervisar la desmovilización y las comisiones de la verdad. El «Plan Colombia» ha sido un éxito histórico en comparación con los pobres resultados de la «Iniciativa Mérida» en México (CNN, 2021) y (Council on Foreign Relations, CFR, 2025). Según el artículo de opinión del New York Times citado anteriormente, para Dickinson la solución al problema pasa porque el presidente Petro integre las negociaciones incluidas en el plan «Paz Total» con programas sociales efectivos y añada necesariamente una firme estrategia de seguridad.
Conclusión
La ola de violencia que ha escalado en Colombia se conforma de diversas acciones perpetradas por grupos guerrilleros que constituyen un claro indicativo de la reactivación del terrorismo de la narcoguerrilla, lo cual afecta en las esferas política, social, militar y, subsidiariamente, económica. Adicionalmente, se aprecia que el vacío de poder dejado por las FARC y otros grupos afines luego del proceso de desmovilización y desarme, fue llenado por las disidencias, quienes se han robustecido organizacional y operativamente.
Lo que sucede actualmente en Colombia podría tener varias repercusiones para Chile, toda vez que diversos actores relacionados con dichas guerrillas se podrían desplazar y alcanzar ilegalmente nuestro territorio nacional, mediante la instrumentalización de la migración y con el fin de extender la influencia de sus actividades ilícitas a nuestro país. Cabe resaltar que los hechos que demuestran el uso de la violencia y del terror constituyen solamente la parte visible del accionar de dichas organizaciones, dado que el principal fin de tales grupos lo constituye la obtención de recursos económicos a través de múltiples actividades de crimen organizado, situación que pudiera afectar incluso en estructuras formales de un Estado.